El 16 de noviembre de 2009 el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) examinó la situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género y sentó un importante precedente. Fue en el marco de tres feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, México.
Mediante un Decreto publicado en el Boletín Oficial, le devuelve el rango ministerial a algunas áreas de gobierno y crea otras, como la de Obras Públicas y la de Mujeres, Género y Diversidad.
Así lo resolvió al confirmar una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que condenaba a la ANSeS.
Para ello, valoraron con perspectiva de género la especial situación de encierro preventivo, el estado de salud y la consiguiente vulnerabiliad, desprotección y peligro en la que se encuentran las nombras, así como también tuvieron en cuenta el interés superior del niño.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
A cinco años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.
La medida adoptada, contempla la situación de quienes se encuentran cargo del cuidado de niños y niñas, personas con discapacidad y/o adultos o adultas mayores dependientes. También incorpora el "derecho a la desconexión digital"
Será en el ámbito del Sector Público Nacional y en un porcentaje no inferior al 1%.