- sábado 04 de abril del 2026
A través de un decreto cambió el criterio utilizado para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador establecido en Ley N°24.557 que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo.
Así lo resolvió el Juez del Trabajo N° 41 Alejandro Segura, en el marco de una causa iniciada por el periodista Miguel “Tití” Fernández contra una ART, calificando al DNU como una norma “impropia del Estado de Derecho”.
El feriado del 2 de abril se adelantó para el próximo martes 31 de marzo, pero ¿qué pasó con el lunes 30?
La medida tomada, además, dispone que las ART no podrán rechazar la cobertura y deberán adoptar los recaudos necesarios para que la trabajadora o el trabajador damnificado reciba tratamiento inmediato.
Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, y una asignación equivalente al 50% del salario para trabajadores del sector privado.
El Tribunal del Trabajo de Quilmes había declarado la inconstitucionalidad de la Ley Complementaria de Riesgos de Trabajo, por considerar que se delegaba una facultad reservada provincial al poder administrador nacional.
Con fundamento en el DNU que dispone su prohibición por sesenta días.
La medida adoptada, contempla la situación de quienes se encuentran cargo del cuidado de niños y niñas, personas con discapacidad y/o adultos o adultas mayores dependientes. También incorpora el "derecho a la desconexión digital"
Dialogamos con Héctor Recalde, autor de la ley que instituye el 7 de julio como el Día del Abogado Laboralista en homenaje a los abogados y abogadas asesinados en “La noche de las corbatas”.
La norma entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La decisión fue tomada en virtud de las distintas medidas adoptadas por la Suprema Corte de la Provincia para la implementación del "Escritorio remoto"
Consideró que, en base al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no era necesario el requisito de homologación administrativa o judicial para el acuerdo liberatorio.
