El 16 de noviembre de 2009 el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) examinó la situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género y sentó un importante precedente. Fue en el marco de tres feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, México.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
A cinco años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.